Por: Edgar Pereda Lozano.
Las señales que transmiten las decisiones judiciales tienen un impacto directo en el Producto Bruto Interno (PBI) de un país. Al igual que los precios, las resoluciones judiciales son una fuente generadora de incentivos en la estructuración de la oferta y demanda de determinado bien económico. Así, si el precio que impone una sentencia es elevado respecto a determinado comportamiento, el incentivo que se generará en la sociedad es evitar incurrir en dicha conducta.
En el mercado laboral la emisión de una sentencia que transmite la señal de una mayor rigidez para despedir a un trabajador puede generar un impacto directo en la contratación de trabajadores por parte de las empresas. Si el precio del factor de producción trabajo aumenta significativamente como consecuencia de una resolución judicial más rígida entonces, el empresario ante la imposibilidad de asumir mayores costos laborales para despedir a un trabajador ineficiente o desleal, buscará contratar a una mínima cantidad de trabajadores, lo cual afectará la producción de su empresa.
Lamentablemente la gran mayoría de Jueces de nuestro país todavía no entiende que sus sentencias deben estar guiadas por un sentido de eficiencia económica. Es por ello que aún tenemos sentencias como la recaída en Casación Laboral Nº 419-2014-Ayacucho mediante la cual la Corte Suprema ha aumentado el precio de la contratación laboral al señalar que una falta grave cometida por un trabajador no siempre será causal de despido. Es decir, si un trabajador se apropia de un dinero de su empleador pero luego lo repone, a pesar de haber perdido la confianza de su empleador, este no podrá despedirlo.
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